Fuente: milanuncios. Un particular publica un anuncio en el que expone, sin tapujos, que no quiere extranjeros.
En 2020, la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, financió un informe que aborde los factores y ámbitos de discriminación existente en el acceso y mantenimiento de la vivienda de las personas migrantes extracomunitarias. El informe, titulado ‘¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler’ expone que la discriminación está normalizada en España: el 72.5% de las inmobiliarias aceptan formas explícitas de discriminación. Además, del 27,5% restante, el 81,8% tolera otras formas indirectas y ocultas.
Las inmobiliarias acatan a las exigencias de los propietarios, en ocasiones con respuestas como “no te preocupes porque nosotros tampoco queremos extranjeros” o “en el anuncio no podemos ponerlo pero vamos, en las visitas vemos quién viene y cribamos”. Esta selección se realiza a través de cuatro factores. La primera barrera es la idiomática. El contacto telefónico es el primer filtro que las agencias y particulares emplean para limitar el acceso. En segundo lugar, los rasgos raciales y la indumentaria. Y en tercer lugar, la presunción de precariedad económica. Frente a la igualdad de condiciones socioeconómicas en la solicitud de una vivienda, a las personas migrantes se les asocia una mayor vulnerabilidad, precariedad y desprotección frente al sistema de provisión residencial. Por último, cabe destacar que las familias con hijos y monoparentales encabezadas por una mujer, sufren una doble discriminación.
Para un inmigrante, especialmente para aquellos que no pertenezcan a un país occidental, alquilar un piso puede convertirse en una pesadilla. En numerosas ocasiones, se ven obligados a presentar más requisitos o peores condiciones que los nacionales de España: sufrir un aumento en las condiciones de la fianza, entrega de la vivienda en mal estado, presentar un certificado de antecedentes penales o una excesiva información económica, entre otras. Solo por tener un nombre o una apariencia que no cumple los estándares de lo considerado “español”, algunos consideran que automáticamente es lícito abusar o discriminar de esa persona. Aunque parece claro que se trata de una práctica xenófoba, aquellos que exigen excluir a los inmigrantes, sugieren que existe una tendencia de impago y mala convivencia de los mismos. Por tanto, ¿se trata de racismo inmobiliario o de asegurar el pago del alquiler?
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